¿Qué es la prostitución en El Tejar y cómo funciona?
El trabajo sexual en El Tejar opera principalmente en zonas periféricas y carreteras secundarias, donde mujeres locales y migrantes atienden a clientes en habitaciones alquiladas o espacios improvisados. La dinámica responde a condiciones de extrema pobreza y falta de oportunidades laborales formales. Muchas trabajadoras sexuales son madres solteras que sostienen hogares enteros con ingresos que oscilan entre 100-300 lempiras (4-12 USD) por servicio. La ausencia de políticas públicas específicas ha generado un modelo autogestionado pero altamente vulnerable.
La actividad se concentra en tres modalidades: trabajadoras independientes que negocian directamente, grupos que alquilan habitaciones en pensiones económicas, y casos vinculados a bares donde el alcohol media el contacto inicial. Los horarios pico ocurren entre 6pm y 2am, especialmente los fines de semana cuando llegan camioneros y trabajadores agrícolas temporales. Según testimonios recogidos por ONGs, aproximadamente el 70% ingresó antes de los 18 años, perpetuando ciclos intergeneracionales de exclusión.
¿Cuáles son las zonas de mayor actividad en El Tejar?
La Ruta CA-5 y los alrededores del mercado municipal concentran la mayor actividad, con puntos específicos como la Callejuela del Cementerio y el sector conocido como “El Crucero”. Estas áreas combinan alto flujo vehicular con escasa vigilancia policial, facilitando el contacto rápido entre clientes y trabajadoras. Durante el día, algunas trabajadoras ofrecen servicios en pensiones cerca del terminal de buses, mientras que de noche se desplazan hacia zonas industriales donde operan camiones de carga.
¿Es legal la prostitución en Honduras?
Honduras mantiene un vacío legal sobre el trabajo sexual adulto y consensuado, penalizando solo el proxenetismo y la explotación sexual mediante el Artículo 149 del Código Penal. Las trabajadoras sexuales operan en un limbo jurídico donde no tienen protección laboral pero pueden ser multadas por “ofender la moral pública” bajo ordenanzas municipales. Este marco contradictorio facilita la extorsión policial: reportes indican que el 40% de las trabajadoras en El Tejar pagan “impuestos revolucionarios” a agentes para evitar detenciones arbitrarias.
La Ley Especial de VIH/SIDA (Decreto 65-99) garantiza teóricamente acceso a salud sin discriminación, pero en la práctica las trabajadoras enfrentan rechazo en clínicas públicas. Organizaciones como Casa Alianza denuncian que la falta de regulación específica perpetúa redes de trata encubiertas, donde menores disfrazadas como adultas son explotadas en falsos “centros de masajes”.
¿Pueden las trabajadoras sexuales denunciar abusos?
La estigmatización social y el temor a represalias limitan severamente las denuncias. Solo 2 de cada 10 agresiones son reportadas según el Observatorio de la Violencia. Las trabajadoras que intentan denunciar extorsión policial o violencia de clientes enfrentan revictimización: desde fiscalías que las acusan de “provocación” hasta filtraciones que las exponen a represalias de pandillas. El reciente Protocolo de Atención a Víctimas (2023) incluye por primera vez lineamientos para trabajadoras sexuales, pero su implementación en municipios como El Tejar es casi nula.
¿Qué riesgos sanitarios enfrentan las trabajadoras?
La prevalencia de ITS en trabajadoras sexuales de El Tejar supera el 30% según estudios de PASMO Honduras, con sífilis y VPH como principales amenazas. La combinación de acceso limitado a preservativos (solo 1 de cada 3 los usa sistemáticamente) y presión de clientes para sexo sin protección agrava el riesgo. El Centro de Salud de El Tejar reporta que menos del 15% se realiza pruebas mensuales, principalmente por horarios incompatibles y temor al escrutinio moral del personal médico.
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras implementan clínicas móviles quincenales que ofrecen:
- Pruebas rápidas de VIH/sífilis gratuitas
- Vacunación contra hepatitis B y VPH
- Kits de prevención con preservativos femeninos y lubricantes
- Derivación a tratamientos antirretrovirales
¿Cómo afecta la violencia a su salud mental?
Un estudio de la UNAH reveló que el 68% de trabajadoras en El Tejar presentan estrés postraumático no tratado, vinculado a agresiones físicas y violaciones correctivas. La falta de servicios psicológicos especializados lleva a autmedicación con alcohol y benzodiacepinas adquiridas en farmacias ilegales. Colectivas como “Mujeres en la Sombra” brindan terapia grupal clandestina, pero su alcance es limitado por amenazas de grupos criminales que controlan zonas de trabajo.
¿Existen redes de apoyo para trabajadoras sexuales?
La Asociación de Mujeres Meretrices (AMMER) opera desde Tegucigalpa con extensiones semanales en El Tejar, ofreciendo asesoría legal y talleres de derechos humanos. Sus “brigadas de solidaridad” distribuyen:
- Tarjetas de identificación no oficiales para verificación policial
- Botones de pánico artesanales con alertas a redes comunitarias
- Directorios de abogados pro bono especializados en violencia de género
La iglesia católica local mantiene un comedor social donde pueden acceder a alimentos sin juicios morales, mientras la ONG internacional Aproase coordina microcréditos para emprendimientos alternativos como venta de artesanías o peluquería. Estas iniciativas enfrentan resistencia de líderes conservadores que las acusan de “fomentar la inmoralidad”.
¿Qué alternativas laborales existen?
Programas estatales como “Vida Mejor” tienen baja penetración en El Tejar, con solo 12 cupos anuales para capacitación en turismo o agroindustria. La mayoría de trabajadoras carece de documentos de identidad que les permitan acceder a créditos formales. Algunas cooperativas informales han surgido, como “Tejiendo Futuros” donde ex trabajadoras enseñan confección textil usando máquinas donadas por la Unión Europea. Sus productos se venden en ferias de comercio justo, generando ingresos 30% menores que el trabajo sexual pero con condiciones seguras.
¿Cómo impacta el turismo sexual en El Tejar?
El paso de camioneros internacionales y turistas de mochila ha creado una economía paralela donde hoteles económicos como “El Descanso” funcionan como centros de explotación encubierta. Operadores informales ofrecen “paquetes de fin de semana” que incluyen transporte desde Tegucigalpa, alimentación y acceso a trabajadoras por 50 USD diarios. Esta dinámica incrementa riesgos de trata: 3 casos documentados en 2023 involucraron a nicaragüenses reclutadas con falsas ofertas laborales en restaurantes.
El gobierno municipal implementó en 2022 un controvertido “código de convivencia” que prohíbe a trabajadoras abordar vehículos en zonas turísticas, empujándolas a áreas más peligrosas. Activistas denuncian que la medida responde a presiones de nuevos desarrollos hoteleros más que a preocupaciones de seguridad real.
¿Qué avances legales se discuten actualmente?
La propuesta de Ley Marco para Trabajadoras Sexuales (2024) plantea:
| Artículo | Beneficio | Obstáculo |
|---|---|---|
| Art. 12 | Carné sanitario único | Oposición de iglesias evangélicas |
| Art. 18 | Pensiones por cotización voluntaria | Falta de presupuesto estatal |
| Art. 22 | Brigadas policiales especializadas | Resistencia en la Policía Nacional |
Organizaciones como Cattrachas impulsan enmiendas para incluir protección migratoria a trabajadoras transgénero, grupo particularmente vulnerable en El Tejar. El debate parlamentario sigue estancado por presiones de grupos conservadores que promueven modelos de “rehabilitación” basados en granjas agrícolas, rechazados por la mayoría de trabajadoras.
¿Cómo apoyan las cooperativas internacionales?
La cooperación canadiense financia el proyecto “Raíces Dignas” que capacita en cultivo hidropónico de hortalizas, permitiendo ingresos estables sin exposición a riesgos callejeros. Los excedentes se comercializan mediante una aplicación desarrollada por estudiantes de la UNAH, evitando intermediarios. Esta iniciativa ha reducido la reincidencia en trabajo sexual en un 17% entre participantes, aunque su escala sigue siendo limitada por la dificultad para acceder a terrenos cultivables.
¿Qué desafíos persisten para las trabajadoras?
La confluencia de maras, fuerzas de seguridad corruptas y grupos de trata crea un entorno donde el 60% de trabajadoras ha sufrido violencia física según el CIPRODEH. El reciente cierre de la única comisaría de la mujer en El Tejar por “recortes presupuestarios” eliminó un canal crítico de denuncia. La migración climática agrava la situación: tras las tormentas Eta e Iota, decenas de mujeres desplazadas ingresaron al trabajo sexual por desesperación económica.
Soluciones sostenibles requieren abordar causas estructurales como:
- Reconocimiento legal que permita sindicalización
- Clínicas especializadas con horarios nocturnos
- Programas de vivienda que eviten el control de caseros explotadores
- Educación sexual sin estigmatización en escuelas locales
Mientras tanto, redes informales de protección siguen siendo la principal barrera contra la violencia. Como resume Karla, trabajadora de 32 años: “Cuando una desaparece, todas paramos y buscamos. Esa solidaridad es nuestro verdadero seguro de vida”.
